#Tandil Una toma masiva, una orden de desalojo y una bomba social a punto de detonar

Ante la mirada atónita de la vecindad y la desidia oficial, en el corazón del barrio Palermo se emplazó un asentamiento clandestino que ahora pende de una acción judicial inminente. Una veintena de familias ocupó una docena de lotes y ahora se presentó el presunto dueño –vía usucapión- que reclama el desalojo, demanda que tuvo eco en la instrucción penal. Actores judiciales y políticos toman intervención para evitar que el drama se transforme en tragedia.

 

Tandil no está exenta de esas problemáticas que, de acuerdo a las perspectivas trazadas, con la tragedia sanitaria se enfrentará la precariedad económica y, con ella, las demandas sociales de los vulnerables de siempre que, al decir de la realidad, no siempre son los mismos, más bien son cada vez más.

Ese cóctel sensible puede desencadenar en situaciones como las que por estas horas le toca afrontar a los actores judiciales y políticos. Una toma masiva de lotes que ahora, al decir de una denuncia formal y avanzada, tienen dueño y reclama por ellos.

Una veintena de familias vinieron ocupando tierras ubicadas en la manzana delimitada por las calles Segundo Sombra, Casacuberta, Muñiz y Caseros, pleno corazón del barrio Palermo.  Alguien seguramente les informó sobre la posibilidad de ocuparlos ante la presunta falta de dueños y así empezaron a ocupar poco a poco los lotes. Algunos con chapas usadas con pretensiones de vivienda. Otros con construcciones más sólidas y que evidencian mayor tiempo de estadía. Se cuenta que más de uno hace un par de años que se ubicó y empezó a levantar la casa ante la mirada ausente de la vecindad y más allá también.

Al decir del devenir ahora volcado a un expediente judicial, hay otra persona que hace unos  años también contó con información privilegiada que motivó que promoviera el mecanismo de usucapión de esas tierras y, pasado el tiempo la Justicia lo ubica como dueño, poseedor de dichos lotes. Con un estudio de abogados, entonces, emprendió el litigio civil sobre este cruce de intereses. El derecho de la propiedad privada versus el derecho a una vivienda digna y el Estado de intermediario, con sus debilidades a cuestas a la hora de evitar estos conflictos, con lo que implica ahora deshojar una trama de extrema sensibilidad, con menores de edad en el medio.

Y como las respuestas políticas ante complejidades sociales no llegaron, se promovió la denuncia penal. En efecto, en enero, quien se dice dueño de los lotes en pugna inició una denuncia que tuvo su derrotero procesal hasta estos días, cuando desde el Juzgado de Garantías se avaló la petición del fiscal interviniente y firmó la orden de desalojo.

Las alarmas se encendieron. Cómo forzar el desalojo de esta veintena de familias con sus niños en medio de un clima tenso como denso, en pleno tránsito de una pandemia que hasta aquí miró otras prioridades pero que con el paso de las horas y las escenas desnudadas promueve acciones tan quirúrgicas como rápidas para que el drama social no termine en algo peor.

Las familias que ocupan

El grupo de veinte familias que ocupan un predio de aproximadamente 13 lotes en barrio Palermo recibieron una orden de desalojo, que les da un plazo de 30 días para retirarse del lugar. Aseguran que no tienen dónde ir, que tomaron los terrenos ante la acuciante necesidad de tener una vivienda y que el predio siempre estuvo desocupado y nadie se hacía cargo de su mantenimiento, por lo cual pensaban que no tenía dueño.

La manzana está delimitada por las calles Segundo Sombra, Muñiz, Casacuberta y Caseros.

Romina Moure, una de las ocupantes, contó que “nosotros va a hacer casi dos años que estamos viviendo acá. Muchos tienen construido con planchas, otros con chapas, un vecino construyó material de ladrillo. Ya habíamos tenido una citación, pero nos pareció muy raro porque no tenía sello de nadie, decía que estábamos en situación de usurpación. Pasó el tiempo y no pasó nada, y ahora hace tres días que recibimos la notificación de desalojo”.

“Nos tomó de sorpresa, y nos agarró la desesperación porque en 30 días nos van a sacar a todos de acá, van a tirar nuestras casas, lo poco que hemos construido y lo que tanto esfuerzo nos llevó. No es que nos metimos a una casa, nos armamos nuestra casa como pudimos, con lo poco que tenemos”, recalcó.

La necesidad habitacional

Por su lado, Romina Correa aseguró que “muchos nos endeudamos, la verdad que nos costó y nos sigue costando horrores. Son casas precarias, las hacemos como podemos y nadie nos ayuda en nada, tampoco le pedimos nada a nadie”.

Romina Moure explicó que en la necesidad que tenían, que se les hacía imposible seguir pagando un alquiler, estuvieron analizando alternativas para poder hacer frente a esa compleja situación.

Fue entonces cuando “investigando, vimos que esto no tenía dueño posible y en la desesperación, que uno quiere tener un lugar para vivir y construir su casa, empezamos a venir acá, cortamos el pasto. No aparecía nadie, no estaba cercado, no había mantenimiento de ningún tipo. Nosotros podamos los árboles y empezamos de a poquito, a hacer el pozo del baño, después levantamos las planchas, de a poco el techo y así paso mucho tiempo que nadie aparecía, que nadie reclamaba”.

Romina recordó que cuando eran chicas, jugaban en ese predio, que siempre estuvo en las mismas condiciones.

Por su lado, Cristina Díaz contó que en su caso “fui estafada por este terreno, nosotros lo compramos, lo pagamos y no era el dueño quien nos lo vendió. Fue en 2018”.

Puntualizaron que son 20 familias aproximadamente las que residen en el predio, porque en cada terreno no vive una sola familia, sino que hay dos o tres por parcela.

Romina expuso que “con los vecinos nos ayudamos en lo que necesitamos, muchos de nuestros maridos son albañiles, así que se dan una mano entre todos, y tenemos nenes chiquitos”.

En el caso de Romina Correa, por ejemplo, tiene una nena de 2 años y en los próximos días va a nacer su segundo bebé. En ese contexto, manifestó su preocupación porque “no sé dónde me voy a ir con los nenes”.

Romina Moure consideró que el tema del desalojo es “todo muy raro porque se pagaron impuestos rápido, muchísima plata que se debía, salió esta intimación, de un supuesto dueño, no se le puede decir dueño, sino que es alguien que reclama”.

“Es muy raro porque dicen que hizo todo por usucapión, se supone que eso lo deberían investigar, por qué una persona quiere tantos lotes, de donde sacó tanta plata porque eso de usucapión no sale dos pesos. Es un proceso en el que hay que gastar porque si no tranquilamente lo podríamos haber hecho nosotros, pero no tenemos los medios y la plata para acceder a esa legalidad”, señaló,  e indicó que son alrededor de 12 ó 13 lotes donde viven 20 familias.

Por su parte, Carlos Alejandro Ochoa contó que “hace poco me vi en una situación de que estaba en un terreno que me habían prestado, tenía una fábrica de planchas, y yo ya vengo de años de la lucha de poder tener una propiedad, que no llegó nunca, y una persona me ofertó si quería meterme en este terreno, así que me vine acá con la fábrica de planchas”.

“Mi hijo no tiene donde vivir tampoco, pero nosotros laburamos, hacemos planchones, palos de luz, y yo me veo en una situación que no doy más, tengo 60 años, la espalda no me da más, me armé algo con planchas, no tenía agua, ahora sí tengo. Pero no tengo luz para poder trabajar, estoy atado de pies y manos”, sostuvo.

Afirmó que “en esta situación, me dicen que en 30 días tengo que desalojar y no puedo hacerlo. Si tuviera plata, me hubiera comprado un terreno, pero hago las planchas para no entrar en grado de carenciado, marginal, pero asimismo estoy viviendo como un croto. Tengo que ponerle el lomo y el gasto para mantener una fábrica es grande, creo que como todos los demás vecinos vine para trabajar de la plancha para no depender del Gobierno, que no me den nada”.

“Yo quedé viudo hace más de 30 años y nunca le pedí nada al Gobierno, crié a mis hijos solo. No quiero riqueza, pero quiero vivir dignamente, lo que yo hago genera fuente laboral también, estoy en negro pero busco salir adelante. Me hace falta vivir tranquilo y poder morirme en paz”, concluyó.

“No podemos dormir”

Moure explicó que “tenemos asesoramiento legal para que no se lleve a cabo el desalojo, primero que no es legal porque ahora con la pandemia no se puede hacer, es algo que el juez no tendría que haber avalado de ninguna forma por la situación en la que estamos, y segundo, que no tenemos dónde ir, no tenemos dinero para alquilar”.

Respecto a los servicios, contó que tienen solamente agua. “Luz no tenemos, le hicimos reclamo a la Usina porque es un servicio esencial que por derecho lo tenemos que tener, no estamos pidiendo regalado nada, nosotros vamos a pagar”, dijo.

Jonathan Baldovino planteó que “quisiéramos llegar a un acuerdo con ese supuesto dueño, pero algo raro hay. Si él cede, nosotros estamos de acuerdo en pagarle una cuota. No queremos nada regalado, hace dos años que estamos acá y no nos quieren bajar la luz”.

Y Romina Moure sostuvo que “hay muchos en situación de riesgo. Pasamos frío en invierno, mucho calor en verano”. Agregó que presentaron una nota a Desarrollo Social, pero aún no tienen respuestas, y deseó que el Municipio pueda intervenir.

Además, afirmó que “veremos qué nos dice nuestros defensor a ver cómo seguimos, pero estamos intranquilos todo el tiempo porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si mañana nos vamos a trabajar y nos tiran la casa abajo que tanto nos costó construir”.

“A partir de que nos llegó la orden de desalojo tenemos miedo, no podemos dormir, tenemos un estrés bárbaro”, manifestó.

Fuente: El Eco de Tandil

 

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